EE.UU. ordena recorte del 10% del tráfico aéreo a partir del viernes 7 de noviembre
El Gobierno federal anunció esta semana una medida que obligará a reducir hasta un 10 % la capacidad de vuelos en 40 mercados de alta demanda dentro de los Estados Unidos, una decisión que entrará en vigor el viernes 7 de noviembre de 2025 y que las autoridades vinculan directamente con la falta de personal provocada por el cierre del gobierno.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Transporte dicen que la acción —motivada por la presión sobre los controladores aéreos que trabajan sin recibir sueldos— busca preservar la seguridad operacional mientras persista la paralización presupuestaria.
Según los cálculos de analistas del sector, la reducción podría traducirse en hasta 1.800 vuelos cancelados y la desaparición de aproximadamente 268.000 asientos diarios disponibles en las rutas afectadas, cifras que reflejan el impacto inmediato en las aerolíneas, el transporte de carga y los viajeros de cara a la temporada alta de fin de año. Las autoridades han dicho que las limitaciones se implementarán de forma escalonada hasta alcanzar el 10 % en los mercados seleccionados y que la lista completa de aeropuertos afectados se publicaría de forma paralela a la coordinación con las compañías aéreas.
Las causas detrás de la decisión están en la pérdida de márgenes de seguridad operativa: miles de empleados federales —entre ellos más de 13.000 controladores de tráfico aéreo y decenas de miles de agentes de seguridad en aeropuertos— han seguido trabajando sin cobrar desde el inicio del cierre de gobierno, lo que ha disparado bajas, permisos por enfermedad y limitado la capacidad para disponer de plantillas de reserva.
El propio plan de contingencia del Departamento de Transporte y los documentos de la FAA detallan que, aun cuando ciertos servicios son “exceptuados” y siguen operando, la erosión de redundancias y la falta de flexibilidad obligan a tomar medidas de capacidad preventiva.
Para el turismo y la industria de viajes las consecuencias son inmediatas y amplias: desde pérdidas de ingresos por plazas no vendidas y costos operativos adicionales para las aerolíneas, hasta cancelaciones encadenadas que afectan reservas de hoteles, paquetes turísticos y conexiones internacionales.
La U.S. Travel Association y ejecutivos de compañías aéreas han reclamado urgentemente el fin del cierre, advirtiendo que la decisión erosiona la confianza del viajero y podría provocar daños económicos duraderos en destinos que esperaban la temporada alta. Las aerolíneas han anunciado ya cambios de programación, priorización de rutas y políticas de reembolso o cambio más flexibles para mitigar el impacto.
Además de las cancelaciones directas, los expertos señalan efectos colaterales: retrasos sistemáticos, congestión en aeropuertos no incluidos en la reducción (por desvíos), encarecimiento de billetes en rutas alternativas y mayor presión sobre sistemas de asistencia al cliente.
Para viajeros y operadores turísticos, la recomendación práctica es consultar con antelación el estado de la reserva con la aerolínea, considerar opciones de viaje alternativas y preparar planes de contingencia —seguros, flexibilidades en alojamientos y transporte terrestre— ante posibles cancelaciones en cadena.
En el plano político, la medida añade presión sobre el Congreso para resolver el conflicto presupuestario: la FAA ha defendido la decisión como una necesidad operativa, pero la industria lo interpreta como una muestra clara del coste económico y reputacional del cierre prolongado.
Si el cierre se alarga, las autoridades advierten que podrían ser necesarias nuevas restricciones o ampliaciones de las ya anunciadas. Para los viajeros, la recomendación final es mantenerse informados por canales oficiales de la FAA y por las comunicaciones directas de las aerolíneas.