Barcelona proyecta triplicar el impuesto a los cruceristas
El acuerdo municipal prevé elevar el gravamen diario a 30 euros para escalas cortas, buscando desincentivar el turismo de bajo impacto económico
La clase política de la capital catalana ha dado un paso decisivo para atajar los efectos del turismo masivo mediante una propuesta para casi triplicar la tasa turística aplicada a los pasajeros de cruceros. La medida, impulsada de forma conjunta por las formaciones Barcelona en Comú (BComú) e Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuenta con el respaldo del gobernante Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
El objetivo de este incremento es elevar el impuesto hasta los 30 euros diarios, enviando una señal clara sobre la necesidad de regular el impacto de los miles de visitantes que desembarcan durante la temporada estival y que, según los sectores críticos, generan una fuerte saturación en el espacio público aportando un valor marginal a la economía local.
En la actualidad, los cruceristas que realizan estancias de 12 horas o menos abonan una tarifa de 11 euros diarios, compuesta por un recargo municipal de 5 euros y un canon regional de 6 euros. Debido a las limitaciones de la legislación autonómica vigente, el Ayuntamiento de Barcelona tiene un tope máximo de cobro propio fijado en 8 euros; no obstante, el nuevo consenso político pretende elevar dicho techo legal hasta los 24 euros para alcanzar la cifra global de 30 euros una vez que la modificación sea ratificada por el Parlamento de Cataluña.
Este ajuste fiscal se aplicará de forma exclusiva a las embarcaciones en régimen de tránsito menor a doce horas, quedando exentos aquellos itinerarios que inicien o concluyan su ruta en el puerto barcelonés, al considerarse que estos últimos generan un impacto financiero mucho más favorable para el comercio y la infraestructura hotelera de la ciudad.
A pesar del consenso generalizado para materializar la subida, las fuerzas políticas mantienen discrepancias respecto a la finalidad del impuesto a largo plazo. Desde BComú se defiende que la medida no debe poseer un fin puramente recaudatorio, sino servir como un elemento disuasorio que reduzca activamente el volumen de este perfil de viajero.
Por su parte, la concejal Carol Recio criticó la gestión del alcalde Jaume Collboni, reprochando que sus discursos contra la masificación contrastan con pactos alcanzados con Junts sobre el Plan de Usos de Ciutat Vella, el cual, bajo su perspectiva, beneficia a los negocios orientados al turismo internacional en detrimento de los residentes.
El impacto real de los cruceristas se concentra de manera notable en los meses de alta demanda turística, representando el 2,5% de los visitantes diarios de la ciudad durante la temporada baja y escalando hasta el 7,5% en el periodo estival, con un tiempo medio de permanencia en el destino de apenas 5,7 horas.
La iniciativa fiscal se suma a otras medidas drásticas adoptadas en los últimos años por el consistorio para garantizar la sostenibilidad económica y residencial, tales como la supresión progresiva de las licencias de pisos turísticos y la reconfiguración del muelle de Adossat, donde se proyecta reducir las terminales operativas de siete a cinco para rebajar la capacidad simultánea del puerto de 37.000 a 31.000 pasajeros de cara al año 2030. Los viajeros de la presente temporada de verano no verán afectados sus presupuestos, ya que la aplicación legal del nuevo gravamen se prevé para finales de otoño o principios de 2027.