CLIA demanda al estado de Hawái por nuevo impuesto a los cruceros
La Cruise Lines International Association (CLIA) presentó una demanda contra el estado de Hawái, alegando “una flagrante violación de la Constitución de los Estados Unidos”. La acción judicial responde al nuevo “Green Fee”, un incremento en el Impuesto de Alojamiento Temporal (TAT) que afecta a hoteles, alquileres a corto plazo y cruceros. La única excepción es el buque Pride of America, con bandera estadounidense y operación exclusiva en las islas hawaianas.
Los fondos recaudados estarán destinados a iniciativas contra el cambio climático. Según estimaciones oficiales, este cargo podría generar 100 millones de dólares anuales. CLIA recuerda que la industria de cruceros aporta aproximadamente 300,000 visitantes cada año al archipiélago.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Hawái y señala como demandados al Estado de Hawái, el Departamento de Impuestos, el Condado de Kauai, la Ciudad y Condado de Honolulu, el Condado de Maui y el Condado de Hawái.
En el documento legal, CLIA asegura que la normativa autoriza a los condados a aplicar recargos adicionales del 3%, lo que eleva la carga fiscal total al 14% de las tarifas prorrateadas. Esto, según la asociación, supondría cientos de millones de dólares en nuevos impuestos durante la próxima década para las navieras extranjeras y, en consecuencia, para los pasajeros que viajan desde fuera del estado.
La asociación argumenta que esta medida viola la Constitución y las leyes federales, además de imponer una carga financiera adicional a los pasajeros, quienes ya enfrentan tasas y tarifas significativas. También subraya la importancia del turismo de cruceros en la economía local: en 2023, este segmento generó 639 millones de dólares en impacto económico, incluyendo 116 millones en impuestos, el sostenimiento de 3,000 empleos locales y 215 millones en salarios, de acuerdo con un estudio de Tourism Economics/Oxford Economics.
CLIA advierte que extender el TAT a los pasajeros de cruceros —históricamente exentos— podría desincentivar el turismo, poniendo en riesgo empleos y la estabilidad financiera de las empresas que dependen de este sector. Finalmente, la asociación pidió a los legisladores reconsiderar la medida y reiteró su disposición a colaborar en la creación de un marco “justo y legalmente sólido que promueva un crecimiento económico sostenible”.