España: Sector turístico alerta sobre el impacto del nuevo CTE
La inminente modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) en España, actualmente en fase de Proyecto de Real Decreto, ha encendido las alarmas en la industria turística española.
El sector reconoce la importancia de avanzar hacia un parque edificatorio más sostenible y seguro, pero advierte que varias de las nuevas exigencias podrían generar sobrecostes, demoras y bloqueos de inversión en hoteles, resorts y complejos turísticos, especialmente en zonas de litoral y en edificios con protección patrimonial.
La reforma normativa transpone parcialmente la Directiva (UE) 2024/1275, que fija el horizonte de un parque de edificios de cero emisiones para 2050. Entre las principales novedades, incorpora un nuevo Documento Básico de Habitabilidad y Sostenibilidad (DB-HSA), mayores exigencias en materia de movilidad sostenible, refuerzos en seguridad contra incendios especialmente vinculados a vehículos eléctricos, así como nuevas obligaciones en accesibilidad y energía solar.
Nuevas obligaciones y calendario: un reto para los inmuebles turísticos
El proyecto establece la entrada en vigor inmediata tras su publicación en el BOE, aunque fija dos hitos clave para el cálculo obligatorio del Potencial de Calentamiento Global (PCG):
- 1 de enero de 2028 para edificios de más de 1.000 m².
- 1 de enero de 2030 para el resto.
Los cambios afectan tanto a obra nueva como a ampliaciones y determinadas reformas profundas, aunque no obligan a actualizar edificios turísticos existentes sin intervención estructural. Sin embargo, el sector advierte de que muchos establecimientos acometen renovaciones periódicas, lo que podría convertir estas exigencias en un factor crítico para su competitividad.
Movilidad sostenible: la exigencia más controvertida
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la obligación de instalar un punto de recarga de vehículo eléctrico por cada cinco plazas de aparcamiento, además de preinstalación para el 100% de las plazas y aparcamientos de bicicletas equivalentes al 5% de la ocupación máxima.
El sector considera que esta medida no distingue entre realidades muy diversas:
- hoteles urbanos con uso intensivo de movilidad,
- resorts estacionales,
- complejos en zonas de baja utilización de bicicletas,
- aparcamientos saturados o de difícil ampliación.
Las asociaciones turísticas proponen introducir coeficientes de ajuste por tipología, permitir sustituciones mediante acuerdos con operadores externos de recarga y elevar el límite económico para exenciones, actualmente fijado en el 10% del presupuesto de intervención.
Sostenibilidad y energía: transición guiada y cumplimiento flexible
La exigencia del cálculo del PCG es respaldada por el sector, pero se advierte de la falta de metodologías específicas para hoteles y resorts, valores de referencia o guías técnicas. Por ello solicitan un periodo transitorio hasta 2032, sin efectos sancionadores, y el reconocimiento de certificaciones ESG y proyectos financiados con fondos europeos como cumplimiento parcial.
Respecto a la obligatoriedad de instalaciones solares en edificios mayores de 250 m², el sector señala dificultades en hoteles urbanos, inmuebles protegidos y establecimientos con cubiertas limitadas. La propuesta pasa por permitir alternativas como autoconsumo compartido, instalaciones en áreas anexas o sistemas híbridos autorizados por las comunidades autónomas.
Incendios, accesibilidad y normativa hidráulica: más costes y más complejidad
Los nuevos requisitos en aparcamientos para controlar humos, sectorizar zonas de vehículos eléctricos y reforzar los sistemas de extinción suponen inversiones relevantes, especialmente en parkings integrados en complejos turísticos consolidados. El sector pide limitar estas obligaciones a obra nueva o rehabilitaciones completas.
También generan inquietud las nuevas exigencias sobre aseos de ostomía, que afectarían a edificios históricos por el criterio actual de número de inodoros. Como alternativa, se propone un requisito basado en ocupación simultánea, más acorde con la realidad hotelera.
Asimismo, el sector reclama una guía interpretativa específica sobre actuaciones en zonas inundables, dada la cantidad de establecimientos situados en el litoral o en dominio público hidráulico.
Una reforma necesaria, pero que exige proporcionalidad
El turismo, responsable de más del 12% del PIB nacional, sostiene que comparte los objetivos de descarbonización, accesibilidad y seguridad. Sin embargo, advierte que la aplicación literal del proyecto podría generar inseguridad jurídica, comprometer inversiones estratégicas y dificultar la adaptación de los establecimientos turísticos, que operan con retornos de inversión largos y fuertes condicionantes urbanísticos.
Las asociaciones han presentado una batería de alegaciones y apelan a un proceso de diálogo que permita que la transición hacia un modelo más sostenible sea económicamente viable, técnicamente realista y compatible con la protección del patrimonio, la costa y el tejido empresarial que sostiene uno de los sectores clave de la economía española.