Confirman cierre de 35.000 pisos turísticos ilegales en Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado un recurso de Airbnb contra la orden de retirar 34.728 anuncios ilegales de pisos turísticos. La sentencia supone un nuevo golpe para la plataforma, que ya había eliminado los anuncios, pero mantenía abierta la vía judicial mientras avanzaba un expediente sancionador del Ministerio de Consumo.
El conflicto entre la compañía y el departamento que dirige Pablo Bustinduy comenzó en diciembre, cuando Consumo ordenó retirar 65.000 anuncios sin licencia al considerar que constituían una infracción grave. Las sanciones previstas oscilan entre los 100.000 euros y hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido por la actividad irregular.
Airbnb recurrió en distintas fases las resoluciones administrativas. En un primer momento, presentó recurso contra 5.800 viviendas, pero el TSJM ya había respaldado a Consumo en dos ocasiones anteriores. La segunda tanda de recursos afectaba a los más de 34.000 anuncios ahora confirmados como ilegales por la Justicia.
A pesar de que en junio la compañía pactó con el Ministerio de Vivienda retirar todos los anuncios sin licencia, Consumo mantiene abierto el procedimiento sancionador. Según el ministerio, las retiradas se realizaron “por mandato de los tribunales” y no afectan a los procesos administrativos por tratarse de hechos previos.
La Dirección General de Consumo identificó tres tipos de irregularidades en los anuncios: la omisión del número de licencia, el uso de licencias falsas o incorrectas y la falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador, lo que podía inducir a error a los consumidores sobre sus derechos.
Desde Consumo celebraron que “la justicia vuelve a respaldar nuestras resoluciones” y reiteraron que estas actuaciones forman parte del objetivo de “atajar la crisis de la vivienda en España”, que el ministro Bustinduy ha señalado como uno de los principales problemas del país.
Mientras tanto, la polémica sigue abierta: aunque Airbnb ha cambiado de estrategia retirando los anuncios cuestionados, el impacto económico y reputacional de estos reveses judiciales y sanciones puede marcar un precedente para el mercado de alquiler turístico en España.