España: Ley de Propiedad Intelectual un precipicio digital

Tras la aprobación en el trámite del Congreso y Senado, y únicamente con los votos del partido del Gobierno, la Coalición Prointernet denuncia que todo el proceso legislativo se ha realizado sin haber mantenido ni un solo contacto con las entidades afectadas, en un proyecto de ley que afecta a la libertad de expresión en vísperas de procesos electorales.

Gracias a la movilización ciudadana y los grupos de la oposición, la Coalición ha logrado salvar el boicot informativo a una Ley que afecta a todos los ciudadanos. La Coalición Prointernet reitera su petición al Gobierno de la Nación para que paralice la aplicación de la nueva LPI, incluyendo el polémico artículo 32.2 y sus modificaciones, conocidos como "CanonAEDE", y abra una verdadera mesa negociadora con todos los medios y entidades afectadas.

Un proceso sin diálogo, salvo para los medios de AEDE Hasta la fecha el Gobierno del Partido Popular- pese a haberlo solicitado de forma pública y directa - no ha mantenido ni un solo contacto con esta Coalición que representa a cientos de cabeceras de medios, blogs, empresas, instituciones y organismos que forman parte esencial de Internet en España. Por el contrario los grupos de la oposición, tanto en el Congreso como el Senado han mantenido permanente contacto con la coalición como base de su conocimiento del impacto y posterior oposición frontal a este Proyecto de Ley.

Desaparecerían precisamente los medios digitales que basan su actividad en la libertad de expresión no sometida a los designios o apoyos económicos del Gobierno. Fruto de esta excelente relación del gobierno con los medios del Lobby AEDE, promotores de esta ley al dictado, serían los ciudadanos usuarios de internet y los medios libres los que pagarían la subvención soterrada a medios a los que el Gobierno ha mostrado públicamente su apoyo en estas semanas.

Hacia un "precipicio Digital" Empresas españolas y multinacionales del sector ya han anunciado que cesarían sus actividades en España en el momento en que se pusiera en marcha. Esto supondría un "precipicio digital" y el primer caso de una democracia en el mundo en que se produce el cierre masivo de medios y agregados.