Iberia anuncia drástica reducción de plazas y salarios para enfrentar la crisis
La anticipada reducción de empleos y salarios por la aerolínea Iberia se confirmó el pasado fin de semana, cuando la compañía dio a conocer que despedirá a 4.500 empleados, casi una cuarta parte de su nómina, y los que queden en la empresa verán reducirse sus ingresos entre un 25 y 35%.
Rafael Sánchez-Lozano, delegado de la aerolínea española, dijo que las medidas responden al hecho de que la entidad “hace agua por todas partes”, durante el Día del Inversor de International Airlines Group (IAG), holding resultante de la fusión entre Iberia y British Airways, en el que también se informaron los resultados del grupo en el tercer trimestre.
La entidad española ha registrado mermas récord de 262 millones de euros entre enero y septiembre último y, según Sánchez-Lozano, está perdiendo dinero tanto en rutas cortas y medias como de larga distancia, a un ritmo de 1,7 millones de euros cada día.
Los despidos anunciados afectarán a 3.037 trabajadores en tierra, 932 tripulantes y 537 pilotos, y conllevarán una reducción del 15% de la capacidad operativa de la aerolínea para el próximo año, indicó el ejecutivo.
Explicó que esa disminución, reflejada en asientos por kilómetros ofertados, corresponde a un ajuste de 21% en vuelos de corto y medio radio, y de 13% en trayectos de larga distancia.
En el futuro cercano Iberia se centrará en las rutas rentables a partir de una disminución de 25 aviones de su flota, cinco de largo recorrido y 20 de corta distancia que tiene en alquiler y que devolverá a su propietario, especificaron varias agencias de prensa.
Aunque el directivo reconoció la dureza de las decisiones, las calificó de imprescindibles en aras de salvar a la compañía y volver a ser rentables, y añadió que la intención de la patronal es lograr un acuerdo con los sindicatos antes del 31 de enero, pero alertó que si este proceso no fuera favorable las decisiones serán aún más radicales.
Entretanto, los gremios CCOO, UGT y Sepla rechazaron la propuesta pues a juicio de sus representantes supone el “desmantelamiento de la empresa y la segregación de sus negocios” y “responsabiliza del fracaso de la gestión solo a los trabajadores”.