EE.UU.: Congreso aplaza aprobación de un plan para modernizar el control aéreo
Legisladores republicanos y demócratas cuestionan el repentino aumento del presupuesto planteado tras la paralización aérea nacional del 13 de noviembre y exigen mayores detalles técnicos antes de aprobar nuevos fondos
Varios integrantes del Congreso de Estados Unidos han expresado públicamente sus reservas frente a la solicitud de 50.100 millones de dólares presentada por la administración del presidente Donald Trump para financiar una reforma integral del sistema de control del tráfico aéreo.
El representante republicano Steve Womack (Arkansas), miembro del Comité de Asignaciones y del Subcomité de Transporte de la Cámara de Representantes, se sumó a las críticas durante un foro organizado por The Hill, cuestionando por qué el costo estimado para modernizar el sistema pasó repentinamente de 30.000 millones de dólares a una cifra superior inmediatamente después de la paralización nacional de vuelos ocurrida el pasado 13 de noviembre.
En su intervención, Womack manifestó su escepticismo tanto como legislador encargado de asignaciones presupuestarias como en calidad de contribuyente, insinuando que el Ejecutivo podría estar aprovechando las dificultades generadas por el incidente aéreo para ampliar el alcance del gasto público.
La cifra de 50.000 millones de dólares fue mencionada por primera vez por el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una conferencia de prensa celebrada la noche del 13 de noviembre, poco después de que se levantara la suspensión de operaciones aéreas que se prolongó durante cuatro horas.
Posteriormente, mediante una solicitud formal enviada el 17 de noviembre a los comités de asignaciones de la Cámara y el Senado, el Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca detallaron a grandes rasgos la distribución de los recursos.
El plan contempla asignar aproximadamente 10.000 millones de dólares a cada uno de cinco ejes principales: la construcción y mejora de hasta 140 torres de control, el desarrollo de una arquitectura digital confiable con telecomunicaciones más resilientes, la renovación de la infraestructura aeroportuaria, la modernización de terminales envejecidas y la edificación de cinco nuevos centros consolidados de control de tráfico en ruta.
Aunque la misiva no especificó exactamente qué partidas se añadieron respecto a la petición de 30.000 millones formulada por Duffy en septiembre, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, aclaró durante el mismo foro que las solicitudes iniciales únicamente cubrían actualizaciones tecnológicas y no contemplaban inversiones en instalaciones físicas.
Por su parte, Duffy explicó en rueda de prensa que ahora solicita al Legislativo incluir fondos destinados directamente a los aeropuertos y sus pistas, un monto que se sumaría a los 12.500 millones de dólares ya aprobados en la ley presupuestaria de 2025 —conocida como One Big Beautiful Bill—, recursos que ya se encuentran comprometidos con contratistas para ejecutarse en su totalidad antes de finalizar 2028.
El rechazo hacia el nuevo paquete financiero es transversal dentro del Capitolio, sumando los cuestionamientos del líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune; el presidente del Comité de Comercio y Transporte del Senado, Ted Cruz; y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. De acuerdo con información difundida por NBC News citando a una fuente presente en la sala, varios senadores republicanos llegaron incluso a recriminar a gritos al secretario Duffy durante una sesión informativa privada celebrada el 17 de noviembre.
Respecto al origen de la crisis operativa, la FAA explicó que ordenó la detención de vuelos debido a que equipos antiguos utilizados para comunicaciones y datos de radar se volvieron inestables durante la instalación de un nuevo enrutador a cargo del contratista L3 Harris, identificando preliminarmente una saturación excesiva de datos en un radar en Amarillo, Texas, y en una estación de radio en El Dorado, Arkansas.
Ante este escenario, Womack advirtió que el Congreso requiere mucha más información técnica —incluida la garantía absoluta de que los fallos no obedecieron a un ciberataque— antes de autorizar cualquier desembolso adicional, independientemente de qué partido controle las cámaras.




