España: Justicia procesará a Díaz Ferrán por delito fiscal pero desestima cargos de malversación y fraude
España. La Audiencia Nacional anunció que procederá contra Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, antiguos propietarios del grupo Marsans y de Air Comet, por un delito fiscal de 99 millones al no declarar los 272 millones cedidos por la SEPI para pagar la deuda de la compañía tras la privatización de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado nacional, pero desestimó cargos de malversación de fondos públicos, falsificación, estafa procesal y fraude.
En un auto dado a conocer el jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, libera de cualquier actuación delictiva a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y deja sin efecto la imputación de tres de los directivos que intervinieron en la venta en 2001 de la aerolínea a Air Comet, propiedad de Díaz Ferrán y Pascual, refirió Efe.
El juez da 10 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral contra Díaz Ferrán, Pascual y el presidente de de AA, Antonio Mata Ramayo, que se enfrentan así a un delito contra la Hacienda Pública por el impago de 99 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de Air Comet en 2002.
La instrucción, iniciada en 2004, no indica “concierto, artificio o maquinación entre los gestores de la SEPI y los administradores de Air Comet para defraudar al Estado, sino actuaciones encaminadas a desprender a éste de empresas con graves problemas de solvencia”, señala Velasco.
La SEPI vendió en 2001 el 92 % de las acciones en INTERINVEST (propietaria del 92,10 % de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet por un dólar y asumió el compromiso de aportar 300 millones de dólares para pagar a los acreedores de la sociedad.
El auto reconoce que la privatización de Aerolíneas Argentinas “posiblemente se pudo llevar de otra forma” a tenor del informe del Tribunal de Cuentas que asegura que le costó al Estado cerca de 2.000 millones de euros, pero indica que no hubo intencionalidades delictivas.
La querella, presentada por los interventores judiciales en la suspensión de pagos de la compañía, acusaba a los antiguos dueños de Air Comet de utilizar los 300 millones de dólares (213 millones de euros) aportados por la SEPI para amortizar pasivos en el concurso y de dejar de pagar a Hacienda 99 millones de euros por parte de Air Comet y 7,5 millones por parte de la sociedad Romana Playa.