Bruselas: 190 países sellan compromiso de reducir emisiones de efecto invernadero en el sector aéreo

Bruselas. Los 190 países miembros de la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI) se han comprometido, por primera vez y de manera oficial, a reducir las emisiones de efecto invernadero que produce el transporte aéreo a partir de 2020; en un anuncio que fue aplaudido y celebrado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que había abogado por el apoyo de los gobiernos en esa iniciativa.

"Es la primera vez que un sector del transporte es capaz de alcanzar un acuerdo global de este tipo, por lo que constituye un gran avance", dijo en Bruselas el vicepresidente de la Comisión de la UE y comisario responsable de Transportes, el estonio Siim Kallas.

De acuerdo con un reporte de EFE, el consenso fue alcanzado el viernes pasado en Montreal (Canadá) al término de una difícil negociación en la 37 Asamblea de la OACI, y reconoce además la importancia de los instrumentos de mercado, como el régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), para alcanzar los objetivos de reducción de gases.

En virtud de este sistema, de carácter obligatorio, la UE asigna a las empresas contaminantes -hasta ahora sólo grandes instalaciones industriales- un tope de emisiones. A partir de ello, las que mantengan sus emisiones por debajo de lo que les toca, pueden vender sus excedentes a un precio determinado por la oferta y la demanda de cada momento, procedimiento que permite racionalizar los costes y acelerar el proceso de reducción.

La UE ya ha llegado a un acuerdo interno para incluir las emisiones de la aviación civil dentro del sistema a partir de 2012.

El reconocimiento del mecanismo por parte de la OACI, después de casi una década de bloqueo, es visto por los europeos como una auténtica victoria diplomática en su pugna por incluir también a las aerolíneas no europeas que operan vuelos a Europa y desde Europa, según considera la CE en un comunicado.

En su última asamblea, la OACI "ha renunciado a utilizar un lenguaje que condicionara la aplicación del ETS al consentimiento mutuo" de los estados no europeos. Esta exigencia había conducido las negociaciones al fracaso en 2007.