Gobierno de Panamá decide derogar polémica ley sobre privatización de Zona Libre de Colón
28 de Octubre de 2012 6:49pm
El parlamento panameño, a solicitud del gobierno de ese país centroamericano y tras debates sostenidos hasta este domingo, aprobó la derogación de la ley 72, que permitía privatizar terrenos de la Zona Libre de Colón y encontró un fuerte rechazo entre los pobladores de la ciudad del mismo nombre, donde provocó una gran ola de protestas y disturbios. La decisión fue valorada de positiva por la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha estimado que a partir de este punto se podrán abrir espacios de solución al conflicto, “a través de mecanismos de diálogo inclusivos y respetuosos".
Así lo ha comunicado oficialmente el secretario general de ese organismo, José Miguel Insulza, quien hizo un llamado "a la responsabilidad de todos los actores involucrados en el conflicto" y reconoció especialmente la actitud asumida por la Asamblea Nacional de Panamá, con el ánimo "de unificar posiciones para alcanzar acuerdos en bien de la paz social".
De la misma forma, el directivo condenó los hechos delictuales cometidos por pequeños grupos en los últimos días, los que, dijo, "sólo dificultan encontrar una salida a la grave situación que ha vivido el país".
Según fuentes del parlamento panameño citadas por EFE, la derogación de esta ley, que subrogó el decreto Ley 18 del 17 de junio de 1948 con el que se creó la Zona Libre de Colón, restablece la vigencia de ese decreto ley y de otras disposiciones legales vinculadas al mismo. Sólo resta ahora que la firme el presidente Ricardo Martinelli, que había pedido el miércoles pasado, desde una gira por Asia, que el tema se llevara a debate profundo.
En declaraciones a esta agencia el propio presidente del Parlamento, Sergio Gálvez, anunció que el proyecto aprobado será llevado de inmediato al presidente para que lo sancione, al tiempo que estimaba que aunque la decisión tomada le parece la correcta, porque ayudará a eliminar el actual conflicto, no considera que la ley sea mala, sino que precisa de un proceso de consultas y consensos mucho más amplio que prevén iniciar en el futuro.
El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó igualmente la creación de una comisión de investigación que se encargará de indagar las circunstancias de la muerte de las tres víctimas de las manifestaciones contra la Ley 72 en Colón, establecer una indemnización a sus familiares y atender las denuncias de abuso policial durante las protestas.
Diversos sectores del país se habían sumado a las manifestaciones de descontento, provocando pérdidas millonarias tanto en Colón como en Ciudad de Panamá, donde se vieron afectadas actividades del comercio, los puertos, la banca y el turismo.