Puerto Rico espera explosión de turismo estadounidense con la nueva ley de uso obligatorio de pasaporte
Puerto Rico. Los nuevos reglamentos sobre el uso obligatorio del pasaporte para los estadounidenses que regresan a su país prometen una explosión de turismo en esta nación, estado libre asociado donde no tendrán que preocuparse por portar el documento, y que por tanto debe verse beneficiado con la regulación en cuestión. A partir del 23 de enero, los estadounidenses que viajan en avión a México, Canadá o las islas del Caribe tendrán que portar su pasaporte de manera obligatoria a su regreso al país, lo cual promete dolores de cabeza a alrededor del 70% de ellos, que no tienen el documento. Para los que viajan en barco o automóvil, el nuevo reglamento entrará en efecto para el 2008. Anteriormente, les bastaba presentar la licencia de conducir como documento de identidad.
En medio de todo eso, Puerto Rico se ha promovido agresivamente como un destino en el Caribe que puede ser disfrutado sin necesidad del pasaporte. Este país ha invertido 36 millones de dólares en una gran campaña de publicidad, mientras que las Islas Vírgenes de Estados Unidos se venden como "el Caribe de Estados Unidos".
En tanto, sus vecinos dependientes del turismo están más que nerviosos, toda vez que los nuevos reglamentos de uso del pasaporte, que buscan incrementar la seguridad en accesos y fronteras, han generado temores sobre el futuro de sus economías. Los gobiernos del resto de las naciones caribeñas han realizado una campaña para que Washington extienda el plazo para la aplicación de los mecanismos, y las oficinas de turismo buscan animar a los estadounidenses para que obtengan sus pasaportes y los tengan actualizados.
Los expertos estiman que Puerto Rico se beneficiará, al menos de manera inicial, con la medida, en tanto que las naciones insulares de la región tendrán que enfrentar pérdidas.
Un estudio realizado en el 2005 por la Asociación de Hoteles del Caribe determinó que el nuevo reglamento sobre el pasaporte podría generar pérdidas del orden de 2.600 millones de dólares en la región, a partir de un ingreso anualizado de 23.000 millones de dólares, así como poner en riesgo 188.000 puestos de trabajo.